Thomas Nash, presidente de la plataforma contra las bombas de racimo que agrupa a más de 300 ONG, considera el día de ayer, 1 de agosto de 2010, como «un día de celebración, la concreción de un sueño que parecía imposible y que ha hecho realidad la voluntad de la sociedad civil con la ayuda de algunos estados». Aquí está precisamente el problema. Desde que el acuerdo de Oslo fuera aprobado en diciembre de 2008, un centenar de países se han comprometido a desmantelar o a no utilizar este armamento de efectos devastadores e indiscriminados, pero los principales productores siguen sin firmarlo. La lista está encabezada por Estados Unidos e Israel -que han usado bombas de racimo en conflictos recientes o aún abiertos como los de Irak y Líbano-, y en ella figuran también otras potencias militares como Rusia o China.
Entidades humanitarias y organizaciones no gubernamentales prefieren ver la botella medio llena y esperan que la entrada en vigor del tratado anime a adherirse a aquellos países que aún no lo han hecho y que son los principales productores.
La Convención que prohíbe el uso, desarrollo, fabricación, adquisición y almacenamiento de las bombas de racimo y mejora la asistencia a las víctimas fue firmada en Oslo en diciembre del 2008, y para su entrada en vigor era precisa la ratificación de un mínimo de 30 países firmantes. A día de hoy, alrededor de un centenar de países han suscrito el tratado internacional y 37 de ellos lo han ratificado. El Estado español es uno de ellos.
Consultado sobre la fuerza y la utilidad de una Convención que no incluye a los principales productores ni tampoco a países con conflictos armados vivos o latentes, como India, Pakistán o Israel, Nash contesta que lo importante es el precedente y la fuerza «estigmatizadora» del mismo, y se muestra convencido de que tarde o temprano se unirán al mismo.
«Claro que nosotros queremos que todos formen parte del acuerdo, pero debemos recordar que ya se ha conseguido que las fuerzas de la OTAN no las usen desde 2003», señala.
En casi todos los conflictos
Las bombas de racimo contienen en su interior cientos e incluso miles de mini-bombas que pueden matar en un radio de 15 metros, y se mantienen activas durante más de 40 años, por lo que son altamente peligrosas para la población civil.
Se han empleado prácticamente en todos los conflictos bélicos de las últimas décadas, incluido el que enfrentó hace ahora un año a Rusia y Georgia, pese a que ambas partes trataron de negarlo.
Por citar algunos casos recientes, las bombas de racimo o Cluster se usaron en Kosovo en 1999, en Afganistán desde 2001, en Irak desde 2003 y en la invasión israelí del Libano en 2006, así como en las guerras desarrolladas en países africanos como Sudán y Sierra Leona.
Israel es uno de los países que más bombas de racimo almacena, aunque se desconoce la cantidad, mientras que Gran Bretaña y Alemania cuentan con 50 millones de explosivos de racimo cada una, pero han ratificado el tratado y se han comprometido a destruirlos.
A falta de datos sobre la producción en Rusia y China, el principal productor y exportador mundial de bombas de racimo es Estados Unidos, con una cantidad demostrada de 800 millones.
«En la última guerra en el Líbano se usaron seis tipos distintos de bombas de racimo, y cuatro de ellos fueron comprados por Israel a Estados Unidos», apuntó Nash.
Ban Ki-Moon y el Papa
Pese a tan limitados efectos, la entrada en vigor del tratado fue saludada efusivamente ayer tanto por el Papa como por el secretario general de la ONU. En un mensaje emitido desde su residencia veraniega de Castel Galdonfo, Benedicto XVI dijo que «con la entrada en vigor de la nueva Convención, a cuya adhesión exhorto a todos los estados, la comunidad internacional ha demostrado sabiduría, amplitud de miras y capacidad de perseguir un resultado significativo en el terreno del desarme y del derecho humanitario internacional. Mi deseo y ánimo -agregó- es para que se prosiga, siempre con mayor fuerza, por este camino».
Para Ban Ki-Moon, máximo representante de la ONU, «este nuevo instrumento representa un gran avance para las agendas humanitarias y de desarme, y ayudará a contrarrestar la inseguridad generalizada y el sufrimiento causado por estas terribles armas, especialmente entre civiles y niños».